Portada de la denuncia presentada por los afectados y las organizaciones. CORTESIA

Portada de la denuncia presentada por los afectados y las organizaciones. CORTESIA

En una carta fechada el pasado 12 de septiembre, las organizaciones Libertad para los Inmigrantes, el Centro Legal de La Raza, la Organización Colaborativa de California para la Justicia Inmigrante, el Laboratorio Legal de Innovación y la Unión Americana de Libertades Civiles en California expusieron ante funcionarios federales los casos de maltrato de varios detenidos del Centro de Detención Imperial, ubicado al oriente de Calexico.

Los afectados fueron identificados en la carta como Álvaro Galindo, Donald Varela Fernández, Jonathan Zapet, Ramón Domínguez González y otro denunciante no identificado para exponer la venganza emprendida por parte de los agentes tras presenta las denuncias.

Los denunciantes piden la intervención de la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, así como la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes por el abuso presuntamente cometido por el contratista de la Oficina de Inmigración y Vigilancia Fronteriza (ICE), Management and Training Corporation, que opera el Centro de Detención Imperial.

Según los denunciantes, alrededor de 500 personas han sido violentadas por su derecho protegido por la primera enmienda de denunciar los casos de abuso

De acuerdo al documento, entre enero de 2019 y julio de 2022 la Oficina de Libertades y Derechos Civiles ha recibido al menos 97 denuncias por maltrato y malas condiciones en la instalación.

Los denunciantes recordaron que en diciembre de 2020 la Oficina del Inspector General emitió un reporte en el que fueron destacadas diversas violaciones a los estándares de la agencia federal, entre las que se encontraban malas condiciones y segregación administrativa por periodos de hasta 300 días.

Dicho documento también enlistó revisiones médicas insuficientes para otorgar cuidado médico apropiado los detenidos.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de California emitió otro reporte en el que destacaba que las enfermeras del Centro de Detención violaban protocolos de salud ante las condiciones de los detenidos que ponían en peligro sus vidas.

Varios de los afectados entregaron una carta al Departamento de Justicia de California de manera unánime para exponer la situación.

En agosto de 2021, tres organizaciones emitieron un reporte sobre las malas condiciones del Centro de Detención en la que instalan a las agencias californianas realizar actividades para estudiar los problemas presentados.

Las organizaciones destacaron también una serie de testimonios de individuos detenidos en el lugar que describieron condiciones insalubres y venganza física del personal luego de una huelga de hambre pacífica.

En octubre del año pasado, luego de la aprobación de una ley en California, Carlos Murillo, un individuo que fue detenido en dicho lugar, presentó una demanda por daños en contra de la empresa.

Murillo, quien creció en el condado de Imperial, permaneció en confinamiento solitario entre diciembre de 2019 y febrero de 2021, con lo cual se violaron los estándares de la agencia federal así como los derechos y la seguridad del detenido.

A pesar de las denuncias, la situación de los detenidos en el Centro ubicado al oriente de Calexico han cambiado muy poco.

Numerosos detenidos en 2021 y 2022 han señalado tendencias alarmantes sobre las condiciones restrictivas previamente denunciadas, como el confinamiento solitario que en ocasiones ocurre por meses.

Además, los denunciantes manifestaron un sistema inapropiado de filtración del aire, lo que ha causado problemas de salud entre los detenidos como dolores de cabeza, reacciones alérgicas y problemas para respirar.

Al mismo tiempo, tanto los denunciantes como las organizaciones criticaron la falta de cuidado médico adecuado, ya que el personal presuntamente se ha negado en varias ocasiones a prestar servicios a los detenidos.

Uno de éstos, Donald Varela Fernández, pidió ser revisado por sufrir dolor y falta de movilidad durante cinco meses.

Eventualmente, el detenido fue intervenido de la espina dorsal en abril de 2022 en el Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, pero a pesar de ello se le ha negado servicios posteriores a la operación.

Uno de los supuestos médicos del lugar, de apellido Villegas, indicó a mediados de enero pasado que el dolor podría deberse a la artritis, a pesar de que los síntomas eran en realidad característicos de la mielopatía cervical. Los resultados de laboratorio dieron negativo a la artritis. A pesar de ello recibió tratamiento para dicha enfermedad.

Otro médico solicitó de manera urgente tratamiento para el detenido, pero fue hasta abril cuando se practicó la cirugía.

El tratamiento postoperatorio, que incluía la terapia física, le fue denegado al detenido al regresar el Centro de Detención. Por once días, después de regresar del quirófano, el detenido fue ingresado a confinamiento solitario.

Fernández fue uno de los participantes en enero de 2022 de una denuncia presentada en contra del Centro de Detención por las condiciones en el lugar, a lo cual el afectado asegura que las autoridades reaccionaron en su contra.

Según la denuncia, mientras se encontraba en el hospital, Fernández fue esposado a su cama por durante dos semanas a pesar de la exigencia del médico de permitirle levantarse para su curación.

Otro problema denunciado por los detenidos es la aparente venganza por parte del personal contra aquéllos que exponen la situación y el trato abusivo dentro de la instalación, al parecer con la finalidad de silenciar a los inmigrantes que piden ayuda y protección.

La intención presuntamente busca callar y evitar que los denunciantes reporten estos problemas y cooperen en demandas e investigaciones.

Ante la situación, los detenidos han solicitado el apoyo de las organizaciones debido a que el personal de la empresa ha presentado cargos falsamente en su contra luego de sufrir abuso o acoso.

Los detenidos señalan que el personal del Centro de Detención fábrica casos de indisciplina, impide la presentación de quejas, los amenaza con deportación o transferencia a otra instalación, restringen su derecho a comunicarse con abogados, llevan a cabo revisiones corporales en demasía e incluso destruyen su propiedad personal.

Zapet, quien esstuvo detenido entre febrero y agosto de 2022, fue sujeto a revisiones exhaustivas por considerarlo un riesgo debido a que contaba con tatuajes y se le relacionaba con pandillas.

El detenido denunció haber recibido pollo sin el cocimiento adecuado, lo que pudo haber puesto en peligro su salud, además de habérsele negado un medicamento recetado que el mismo llevó al Centro de Detención.

Además, fue ubicado en confinamiento individual tras haber sido acusado al parecer falsamente por posesión de una jeringa.

El detenido dijo que las autoridades encargadas de realizar su caso le negaron el debido proceso.

Posteriormente, un oficial de apellido Cuevas le practicó revisiones corporales por varios días, además de haberlo visto por varios minutos mientras se duchaba en mayo pasado.

Tras haber denunciado el acoso, el oficial presentó acusaciones en contra del detenido por presuntas amenazas, por lo cual se le aplicaron medidas disciplinarias.

Una situación similar fue denunciada Álvaro Galindo, quien ha estado recluido en el lugar desde enero pasado.

Galindo fue acusado injustamente por presunta indisciplina luego de que un guardia de apellido Cortez tirara un refresco que el detenido tomaba, por lo cual el inmigrante protestó.

Posteriormente fue acusado también por falso maluso de un medicamento y posesión de una fruta para producir vino casero, por lo cual fue nuevamente segregado.

Debido a los maltratos, Galindo sufre de depresión severa, por lo cual ahora requiere tratamiento y medicamento.

Un detenido, que no fue identificado en la carta, exigió junto a otros compañeros cambios en una de las unidades debido a las malas condiciones.

Ante la falta de respuesta, tanto el detenido anónimo como sus 14 compañeros decidieron renunciar al trabajo voluntario que realizaban, a lo cual los encargados del lugar, Eduardo Ruiz, el jefe de seguridad Builteman y el Teniente, Jason Smith, dialogaron con los denunciantes.

Días más tarde, los agentes confiscaron y destruyeron propiedad de los detenidos, además de haber amenazado con agredirlos físicamente.

La denuncia se enfoca particularmente contra un oficial de apellido Rodríguez.

Luego de dar su testimonio a investigadores federales, el detenido fue ingresado en segregación administrativa. Las autoridades falsamente señalaron haberlo ubicado en confinamiento solitario para su propia protección.

Ramón Domínguez González ha estado detenido en el lugar desde enero de 2019. En julio de 2020 presentó una solicitud ante un tribunal federal para buscar salir del centro de detención debido a las condiciones y el tratamiento en el lugar.

Además, ha sido objeto de abusos por parte del personal que le han fabricado acusaciones falsas contra quienes participaron en una huelga de hambre en abril del 2020 por ponerlos en riesgo a sufrir Covid-19 y castigarlos con el confinamiento solitario.

Domínguez González también apoyó a los participantes en una denuncia por la falta de acceso a vacunas contra el coronavirus. En respuesta, los encargados del Centro de Detención continuamente han presentado acusaciones falsas en su contra y lo han ubicado en confinamiento solitario.

En julio pasado, al detenido le fueron diagnosticado síntomas de Desorden de Estrés Postraumático y Síndrome de Post Liberación, que incluyen dificultad para dormir, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse y otros.

Domínguez señaló al Teniente Jason Smith por presuntamente haberlo amenazado luego de haber ayudado a otro detenido a presentar una queja contra del oficial.

En marzo pasado, la Administradora de Servicios de Salud, Katherine Hernández, que en ese entonces era conocida como Katherine Hawk, presuntamente amenazó a Domínguez con transferirlo a otra instalación, además de cuestionarle si tenía la intención de dejar de presentar demandas en contra de la empresa.

El detenido previamente había participado en una demanda nacional para exigir vacunas contra el Coronavirus en el centro de detenciones.

El detenido también presentó otra denuncia por las condiciones tóxicas y dañinas en la instalación, que incluye aire altamente contaminado, polvo, suciedad y agua contaminada.

El detenido ha sido diagnosticado con asma, la cual ha empeorado con el paso del tiempo.

El denunciante afirmó que en enero de 2022, personal del Centro de detención permitió el ingreso a su celda de una persona con crisis de salud mental que no debía estar cerca de otras personas, quien aparentemente lo golpeó de manera repetida, lo que le provocó dolor de cabeza, de espalda y de cuello.

A pesar de solamente defenderse de la agresión, personal del Centro de Detención le impuso una acción disciplinaria.

La carta fue enviada a la Oficial de Derechos y Libertades Civiles, Katherine Culliton Gonzalez, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari y al Ombudsman en funciones, David Gersten.

En un comunicado, las organizaciones que respaldan a los detenidos señalaron que las instalaciones funcionan infundiendo miedo e intimidación para que no sean denunciados los casos de abuso.

“Entendemos que estos no son incidentes aislados. Quejas de este tipo se presentan contra ICE y sus operadores de prisiones privadas con frecuencia en todo el país”, agregaron en el texto.

Esta es la segunda denuncia presentada en contra del Centro de Detención de Imperial en ocho meses.

“Muchos abusos no se denuncian debido al miedo u otras barreras. Es por eso que exigimos una acción significativa de los funcionarios federales”, afirmaron las organizaciones.

Los detenidos y sus defensores exigen una investigación completa y transparente por el patrón de represalias, rescindir el contrato a MTC, la liberación inmediata de los afectados y proporcionarles atención médica adecuada.

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