A petición de la defensa y con el aval de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal del Reclusorio Norte autorizó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde hace casi un año y medio al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury y, con ello, que continúe su proceso en libertad.

En una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por buenos los argumentos presentados por fiscales y abogados, respecto de que problemas de salud crónicos que padece el exlegislador (como complicaciones severas por una hernia hiatal) hacen necesaria su liberación.

En sustitución de la prisión preventiva, el juez ordenó que se coloque a Lavalle un brazalete electrónico que permita monitorear su ubicación. También le impidió que abandone el país mientras se desarrolla su proceso, confirmaron a Animal Político autoridades judiciales.

El exsenador era el único detenido hasta ahora por la denuncia que hace tres años presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respecto de los supuestos sobornos con recursos de Odebrecht para aprobar la reforma energética. Se trata de acusaciones que hasta ahora no se han probado ni en el caso de Lavalle ni en el de ningún otro denunciado.

Fue la semana pasada cuando la defensa del senador comunicó a la FGR que era necesario modificar con carácter de urgente la medida cautelar, pues Lavalle requiere tratamientos médicos que solo pueden ser aplicados en centros hospitalarios fuera del reclusorio. Su condición se ha agravado, además, por problemas de hipertensión.

Tras verificar la información, los fiscales solicitaron al juez de control que citara a una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde presentaron y avalaron el requerimiento hecho por los abogados defensores Humberto Venegas, Felipe Gómez Mont y José Zapata.

Aunque el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —que funge como asesor jurídico en el proceso— se opuso al cambio de medida cautelar, el juez dio por bueno los argumentos de los abogados de Lavalle y los fiscales, y consideró procedente el cese de la prisión preventiva por las razones médicas expuestas.

Tras el aval del juez, la noche de ayer iniciaron los trámites legales y técnicos necesarios para la instalación del dispositivo electrónico de geolocalización que deberá portar el exsenador de manera obligatoria. Se trata de un procedimiento que, dependiendo de la empresa que sea la proveedora, puede tomar como máximo algunos días. 

Lo anterior no modifica el proceso penal en contra del exsenador por los delitos de presunto cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, y que se encuentra en una fase de ampliación del periodo de investigación complementaria, el cual vence el 14 de octubre. 

Se trata de una ampliación que el juez concedió luego de que la defensa expuso que aún faltaban pruebas por ser recolectadas , entre ellas, las relacionadas con las operaciones financieras de Fabiola Tapia, empresaria que supuestamente fue la intermediara en el pago de sobornos.

Una vez que concluya el periodo de investigación complementaria, la FGR deberá definir si presenta la acusación final en contra del exsenador y solicita que sea sometido a juicio. De ser el caso, el juez de control convocará a una audiencia intermedia para que cada una de las partes presente las pruebas.

El exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto permanece preso desde noviembre pasado en el mismo Reclusorio Norte. En enero pasado, la fiscalía lo acusó ya de manera formal de haber recibido sobornos de Odebrecht y de la empresa Altos Hornos, y ha pedido que sea enjuiciado y condenado a más de 60 años de prisión.

Sin embargo, los procesos aún no llegan a fase de juicio debido a que la defensa de Lozoya busca un arreglo con Pemex y con la FGR que le permita librar el proceso, a cambio de la entrega de bienes y de varias decenas de millones de pesos como reparación del daño. La negociación hasta ahora sigue en desarrollo.

Lozoya también ha buscado que la FGR suspenda el proceso penal en su contra y le otorgue un criterio de oportunidad como beneficio por la denuncia que presentó en agosto de 2019, señalando los sobornos para la aprobación de la reforma energética. El problema es que, hasta ahora, los fiscales no han conseguido llevar a juicio a ninguna de las personas señaladas.

La jueza federal responsable de los procesos contra Lozoya ha programado ya dos audiencias en noviembre , para que sea a más tardar en esa fecha cuando se defina si se suspenden las acusaciones presentadas o si los casos avanzan ya a fase de juicio.

Ser una persona LGTB no es fácil en Perú.

Según muestran varios informes internacionales y el testimonio de personas homosexuales, la situación de este colectivo puede mejorar mucho.

Las leyes peruanas impiden el matrimonio y cualquier unión civil entre personas del mismo sexo y no se permite el cambio de identidad legal a las personas trans.

Un estudio de la ONG Promsex realizado en 2016 encontró que ocho de cada 10 estudiantes LGTB dijo sufrir acoso verbal por su condición sexual en la escuela, mientras uno de cada cinco refirió agresiones.

Y Perú ocupaba el puesto 71 en el índice global de igualdad que publica Equaldex, una red estadounidense que comparte datos de asociaciones LGTB en todo el mundo. Solo Bolivia y Paraguay mostraron una opinión pública más hostil a los no heterosexuales en Sudamérica.

Pero hay un lugar en el que las cosas son un tanto diferentes, según cuentan sus propios habitantes.

Es Iquitos, una ciudad de cerca de 150.000 habitantes, capital del Departamento de Loreto, en mitad de la Amazonía peruana y a la que solo se puede llegar en avión desde Lima.

“Aquí uno puede ser quién realmente es”, cuenta en conversación con BBC Mundo Carlos Vela, homosexual residente en Iquitos.

“En general, la aceptación es muy buena. Muchos visitantes europeos dicen cuando vienen que hay tanta tolerancia como en Europa”, corrobora Silvia Barbarán, activista que lleva años trabajando con personas LGTB en la ciudad.

No es casualidad que la marcha del Orgullo Gay de Iquitos haya ganado fama como una de las más concurridas y coloridas de Perú.

“Aquí celebramos el Orgullo con mucho calor”, comenta Carlos. El calor húmedo de la Amazonía anima a los participantes a mostrar un desparpajo difícil de imaginar en otros lugares de Perú en los que el clima social no es tan abierto.

Valery La Mas es una mujer transexual que se mudó a Iquitos hace cinco años desde Leticia, la ciudad colombiana en la que nació. “En Colombia estamos mejor que en Perú, pero en Iquitos se ha avanzado mucho en los últimos años”.

“Aquí las mujeres trans tenemos alternativas a trabajar en la prostitución”, indica.

En esta ciudad rodeada de vegetación y flanqueada por dos afluentes del Amazonas, no es difícil encontrar negocios de peluquería y estética regidos por personas LGTB y la hostelería local emplea a mujeres trans en sus cocinas.

Es un ambiente muy distinto al que reflejan los informes de Promsex o el que retrató la película “Retablo” en 2017.

En ella, el cineasta Álvaro Delgado Aparicio contaba a través de la historia de un artesano la crueldad que a veces pueden alcanzar los comportamientos homofóbicos en las pequeñas comunidades montañosas de los Andes.

El ambiente cálido y exuberante de la selva contrasta con el frío y la austeridad del paisaje andino, una diferencia que a menudo se refleja también en el carácter de la gente.

La riqueza de la selva amazónica y la sensualidad de sus culturas ancestrales, así como los contactos frecuentes con poblaciones de Brasil, han sido algunos de los factores a los que se ha aludido para explicar la mayor tolerancia de Iquitos.

“Siempre fue más fácil ser LGTB en la selva, quizá porque allí hay una cultura prehispánica que tolera mejor la idea de los tres géneros”, comenta Jorge Chávez, del Movimiento Homosexual de Lima.

No en vano, Iquitos y otros lugares de la selva se convirtieron en el refugio de las personas LGTB que en la década de 1980 huyeron de las campañas de “limpieza social” lanzadas contra ellas por los grupos armados de extrema izquierda MRTA y Sendero Luminoso, que dejaron decenas de muertos en matanzas aún recordadas como la de Tarapoto en mayo de 1989.

Norma Muller, antropóloga de la Pontífica Universidad Católica del Perú, apunta que “la población de la selva es más abierta al amor y a la diversidad sexual, porque no lo asocian con el pecado, como ocurre en la tradición cristiana”.

Quizá el menor peso de la religión en estos territorios sea una de las razones por las que este lugar se convirtió en refugio para los perseguidos por la homofobia y hoy sea en palabras de Valery La Mas, la “isla bonita para los LGTB peruanos”.

Pero a sus 64 años, Silvia Barbarán recuerda que las cosas no siempre fueron fáciles. “Incluso en los medios locales era frecuente escuchar alusiones despectivas a los no heterosexuales”.

“Todo empezó a cambiar a partir de 2002, cuando comenzó a desarrollarse un movimiento con muchas asociaciones y un gran trabajo de educación y concienciación”.

Barbarán cuenta como la unión hizo la fuerza. “Una de las claves fue que todas las asociaciones íbamos juntas a protestar cada vez que se producía un episodio de discriminación. Cuando a una mujer trans le negaban la atención en el centro médico, salíamos todas las asociaciones con protestas en las calles y denuncias en los medios”.

“Así se fue ganando espacio, y ahora gais y trans tienen mucha visibilidad”.

Silvia Barbarán es una de las heterosexuales que se ha convertido en uña y carne con las personas LGTB.

En 2001 contrajo el virus del VIH y decidió lanzarse a concienciar a sus vecinos de los riesgos de una enfermedad que todavía hoy muestra una alta prevalencia en la región de Loreto.

Así montó Lazos de Vida, la asociación en la que atiende a niños portadores del virus, lo que la puso en contacto con muchos activistas LGTB comprometidos en la misma causa.

“El movimiento gay fue muy activo en educar a la población en que había que protegerse del virus. Eso ayudó mucho, porque la gente empezó a ver que no eran personas dedicadas solo a la fiesta, sino vecinos implicados en su comunidad”.

Su labor presionó además al gobierno en Lima para extender los tratamientos antirretrovirales contra el VIH, que entonces eran muy difíciles de encontrar en Iquitos.

Años de activismo y movilización desembocaron en la aprobación en 2010 de una ordenanza regional que reconocía una protección especial y una participación reforzada del colectivo LGTB. Más tarde se acompañó de una estrategia para la prevención del acoso escolar por motivos de género en las escuelas.

Barbarán concluye satisfecha que “hoy hay un movimiento LGTB muy fuerte”.

Un movimiento que en los años de la pandemia, cuando Perú era uno de los países que más sufría el golpe de la covid, recurrió a la imaginación para celebrar la fiesta del Orgullo sin violar las restricciones de las reuniones públicas y organizó una marcha que, en lugar de discurrir en carrozas por el centro de la ciudad, lo hizo en pequeñas embarcaciones por el río Itaya, uno de los que rodean Iquitos.

En 2022, tras una larga espera, el Orgullo volvió a tierra firme. “Vienen muchas familias, como antes de la pandemia”, celebra Barbarán.

Pero incluso desde dentro de la comunidad LGTB iquiteña hay voces que advierten de que no se deben lanzar las campanas al vuelo.

El panorama general en el país no invita al optimismo.

Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Constitucional volvió a rechazar recientemente el recurso presentado por Susel Paredes, una congresista que reclama que se reconozca su matrimonio con otra mujer celebrado en Estados Unidos.

Y el Congreso aprobó en mayo un proyecto de ley que según sus detractores impedirá el enfoque de género y la educación sobre la igualdad y la diversidad sexual en las escuelas peruanas.

El rechazo a la unión entre personas del mismo sexo es uno de los aspectos en los que coinciden el presidente Pedro Castillo y la que fue su rival en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, una coincidencia en la que muchos aprecian el peso que tienen en Perú visiones conservadoras de la sociedad y la familia defendidas por las iglesias católica y evangélicas.

BBC Mundo trató de recabar la visión del Gobierno, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no respondió inmediatamente a una dolicitud de comentarios.

En la región de Loreto la prevención del VIH sigue siendo asignatura pendiente.

Es la segunda región con más casos del país solo superada por Lima Metropolitana.

Carol Carobi, funcionaria del Gobierno Regional y una de las pocas mujeres trans que ocupa un cargo público en el país, destaca que “los trans todavía estamos peor que los gais y seguimos conviviendo con el estigma también en muchos lugares de Iquitos”.

“Hemos empezado a ganar espacios, pero aún estamos en un proceso”.

Silvia Barbarán señala cuáles deben ser los próximos desafíos: “En los últimos años en Iquitos hemos avanzado muchísimo, pero el reto es ahora ocupar otros espacios en la sociedad, también los cargos políticos. Y para eso hay que estudiar”.

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